Escuela secundaria rural de la SEP. Foto: Cuartoscuro.
A partir de hoy en el periodo extraordinario del Congreso, se discutirán los dictámenes de la legislación secundaria en materia educativa aprobados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Desde la perspectiva de la organización México Evalúa los dictámenes contienen avances importantes de políticas públicas que mejorarán la calidad educativa en el país. Sin embargo, también contemplan propuestas que deben ser modificadas con el fin de consolidar esfuerzos. Aquí una valoración de las mismas.
De acuerdo con México Evalúa, en el lado positivo de las propuestas legislativas destacan:
• Establecen un sistema de evaluación docente tanto para el ingreso como para la promoción y permanencia en el servicio docente tanto en educación básica como media superior. En este sistema se recoge la necesidad de establecer un mecanismo evaluativo multidimensional y en el que se deben contemplar las circunstancias socioeconómicas diferenciadas que existen en el sistema educativo a lo largo del país.
• Con este sistema se establece un dique institucional para evitar la tentación de continuar con prácticas contrarias al espíritu de la calidad educativa como son la herencia y venta de plazas, prácticas que lamentablemente han persistido en los sistemas estatales de educación pese a los concursos de selección magisterial implementados desde hace 4 años por el gobierno federal.
• Asimismo, las reformas propuestas privilegian un proceso más riguroso en la selección de los docentes en México. Por ello contempla un periodo de inducción de dos años en los que los nuevos maestros serán evaluados dos veces y serán capacitados con el fin de propiciar que sean los individuos más capaces para estar al frente de las aulas en el país. Sin embargo, en caso de que tras sendas evaluaciones los maestros no cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar adecuadamente su labor docente, serán cesados.
• Tiene el acierto de establecer la obligación para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realice pruebas piloto con el fin de validar los instrumentos que tanto las autoridades estatales como el propio INEE propongan para la evaluación educativa. La complejidad de la evaluación en el ámbito educativo se podrá atender a partir precisamente del trabajo técnico que desarrolle el instituto.
• Como medida complementaria para atajar la corrupción al interior del sistema educativo, la legislación secundaria establece explícitamente que aquellos evaluadores que favorezcan a individuos por interés personal, familiar o de negocios serán separados del servicio público.
• De forma valiente, el marco jurídico propuesto establece una solución legal al problema de los paros magisteriales recurrentes en algunos lugares del país con menoscabo para la educación. Se propone con toda claridad que en caso de que el personal docente o el personal con funciones de dirección o supervisión ya sea en la educación básica o en la media superior, decida ausentarse sin causa justificada de sus labores por más de tres días consecutivos dentro de un periodo de treinta días naturales, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa.
• El marco jurídico propuesto establece las bases para tener un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) en el que se enumeren los distintos recursos humanos y materiales que actualmente integran el sistema de educación básica del país. Tiene el atino de establecer la obligación legal para que las autoridades estatales y autoridades escolares proporcionen al Instituto de Evaluación Educativa la información requerida que permita realizar la evaluación del sistema educativo. Con ello se acota la posibilidad –como ocurre lamentablemente y de forma recurrente desde la malograda descentralización educativa impulsada en 1992- que las autoridades estatales oculten información estadística relevante para evaluar las políticas educativas impulsadas por las entidades federativas.
• La buena educación es resultado de un esfuerzo conjunto entre alumnos, padres de familia, maestros y autoridades. En este esfuerzo, y consistente con un espíritu democrático a favor de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se contempla en la propuesta que los padres de familia puedan ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos. Sin embargo, la legislación no establece los criterios y mecanismos en los que posibles opiniones derivadas de estos ejercicios de observación puedan ser recogidas dentro del marco de las políticas encaminadas a la evaluación y formación de los docentes en servicio.
Los puntos a considerar, de acuerdo con la organización son los siguientes:
• Llama la atención la diferencia en los procesos de selección y evaluación de los directores y supervisores de educación básica y los de media superior. Mientras que en el caso de educación media superior, los individuos seleccionados a partir de un concurso de oposición reciben sus nombramientos por un periodo fijo con posibilidad de reelección condicionada a una nueva evaluación, en educación básica una vez concluido un periodo de inducción de dos años, aquellos individuos que aprueben una única evaluación, serán nombrados en sus puestos directivos o de supervisión de forma perpetua. Este nombramiento definitivo es contrario al espíritu de calidad educativa, la cual se incentiva a partir de la evaluación periódica de los docentes, directores y supervisores del sistema educativo mediante la preparación y actualización constantes de todos los individuos con función docente, de dirección y de supervisión escolar. Por ende, los legisladores dentro de las modificaciones a considerar en el proceso de aprobación de la legislación secundaria educativa deben armonizar los procesos de selección y evaluación de directores y supervisores de educación básica y establecer que sus nombramientos sean por un periodo fijo con posibilidad de reelección condicionada a una nueva evaluación.
• Dentro de las consecuencias de la evaluación docente contrastan tres propuestas contempladas en la Ley del Servicio Docente. Por un lado se tiene el acierto de establecer que en el proceso de evaluación para docentes, aquellos individuos que se nieguen a participar en los nuevos mecanismos de evaluación serán separados. De forma similar, para los futuros maestros se establece que en caso de reprobar tres evaluaciones consecutivas, pese a cursos de actualización a los que tendrán acudir con el fin de solventar los problemas en su formación docente, se les separará de su cargo sin consecuencia para la autoridad educativa. Sin embargo, en el caso de aquellos individuos que actualmente están dentro del servicio docente que incurran en una situación similar a la descrita, la ley contempla en un artículo transitorio que serán separados de la labor docente pero se les integrará a funciones administrativas en el servicio educativo. Esta propuesta es un despropósito educativo y presupuestal, refiere la organización.
• Es necesario precisar los alcances de la transparencia en la información que se genere a partir de la evaluación en el sistema educativo. Por ejemplo, pese a que en el articulado de la ley del INEE se prevé que la información relacionada con el sistema nacional de evaluación es de “interés social y de utilidad pública”, sería deseable que los legisladores establezcan puntualmente el principio de máxima publicidad que debe regir esta información. De esta manera se promovería que ante cualquier duda de reserva como la que se prevé respecto a información que puede poner “en riesgo a los instrumentos de evaluación educativa”(artículo 59 Ley del INEE), se evite la tentación de opacidad por parte de quienes estén encargados de la evaluación docente y estudiantil. Este detalle que pareciera un tecnicismo jurídico es fundamental a la luz de dos de los principales objetivos que se contemplan con la evaluación en el sistema educativo: la calidad de la educación y la rendición de cuentas. Sin información estadística que pueda ser analizada con detalle, para entender las fortalezas y debilidades en el magisterio y el sistema educativo en su conjunto, es difícil entender cómo se puede perseguir la calidad educativa y rendir cuentas a la sociedad de cómo se enseña en las aulas de este país.
• Sin duda la labor de los miembros de la junta del INEE será fundamental para el desarrollo de los lineamientos y directrices adecuadas para la evaluación educativa. Su labor implica, como se ha mencionado anteriormente, excelente capacidad técnica con el fin de desarrollar los instrumentos adecuados para la evaluación (entre ellos evaluaciones en clase, el uso de pruebas estandarizadas, evaluaciones de portafolio docente e incluso la implementación de encuestas a estudiantes y la consideración efectiva de las opiniones de los padres de familia).
La memoria institucional del INEE será fundamental, máxime que tendrá que desarrollar nuevas funciones vitales para transformar al sistema educativo. Sin embargo, se considera excesivo el tiempo considerado para la permanencia de los miembros de la junta del INEE, ya que actualmente se contempla permanezcan en sus encargos 7 años con la posibilidad de una reelección. Potencialmente un miembro de la junta del INEE podrá permanecer en su encargo 14 años, refiere México Evalúa.
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